Desde los primeros días del régimen
chavista, cuando se hizo pública y notoria la cercanía del entonces mandatario
nacional con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), ya se
suponían cuáles eran las actividades comerciales de los altos jerarcas del
gobierno. No es casualidad, que desde aquel momento hasta el presente, hayan
surgido tantos rumores y denuncias de casos de narcotráfico donde se ven
implicados altos funcionarios del régimen ahora madurista (madurista solo por
el nombre de la fachada).
Para reforzar esta suposición, el ex
presidente Chávez en el año 2005 acusó a la DEA de espionaje, poniendo fin a
los proyectos antidrogas financiados por Estados Unidos, y convirtiendo de esta
manera al territorio venezolano en zona libre de agentes antinarcóticos
internacionales, dejando la labor de vigilancia a las fuerzas armadas
nacionales que para el momento ya estaban involucradas en sospechas de
narcotráfico con la muerte del periodista Mauro Marcano y las crecientes
incautaciones de droga que transitaba por el territorio. Pero no fue hasta el
año 2008, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas
en inglés: Office of Foreign Assests Control) anunció sanciones contra Hugo
Carvajal Barrios, director de inteligencia militar en ese entonces y actual
candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, además de otros
personajes de las fuerzas armadas altamente vinculados con el proyecto chavista
como lo son Henry Rangel Silva y Ramón Rodríguez Chacín, presuntamente por ser
contactos con las FARC para intercambio de drogas por armas. Es necesario
recordar que Carvajal fue detenido en la Isla de Aruba el año pasado por
solicitud de la DEA y liberado por negociación del gobierno venezolano con las
autoridades de la Isla.
En el corto tiempo se siguieron
sumando sanciones de mismo organismo contra Cliver Alcalá Cordones, Freddy
Bernal, Ramón Madriz Moreno y Amílcar Figueroa Salazar por las mismas razones,
con base en información encontrada en el portátil de Raúl Reyes. Y sumado a
ello, surgieron nuevos casos, como la deserción y posterior declaración del ex
Juez Eladio Aponte Aponte, la detención de Walid Makled, la narco-avioneta en
Punto Fijo, el avión de Air France, y la reciente colaboración de Leamsy
Salazar, entre mucho otros hechos conocidos y seguramente aún más sin conocer,
donde el común denominador es la información de participación del alto mando
militar y numerosos miembros del gobierno en actividades ilícitas que van desde
comisiones por contratos de obras públicas, hasta narcotráfico.
El secreto de moda hoy, es la
detención de los sobrinos de Cilia Flores en Haití y su sucesivo traslado a
Nueva York para ser enjuiciados por intento de incursión de cocaína a los
Estados Unidos. Este hecho, además de inmoral y por bastante ilícito, sirve
para apreciar el nivel de degradación de los representantes del régimen y de
los poderes visiblemente entregados a un estado corrupto. Solo hablando de este
caso en particular, no es ni comparable a las razones por las que enjuiciaron
al ex presidente Carlos Andrés Pérez, y una semana después del hecho, aun no se
ha levantado investigación alguna por parte del poder judicial, es más, ni se
ha hecho mención del mismo en el poder judicial venezolano.
Para empeorar la situación, los
pocos comentarios emitidos por actores del régimen acerca del caso, han sido
para defender a los presuntos narcotraficantes. Por ejemplo, el presidente de
la Asamblea Nacional, es su calidad de militar, legislador, coordinador,
gobernante, periodista, juez, empresario, presentador de televisión, entre
otras, opinó acerca del caso diciendo que los jóvenes fueron secuestrados por la
DEA, aceptado además que uno de ellos “sí es sobrino” de la primera combatiente.
El también presentador de televisión Mario Silva también habló de “los
muchachos”, así como su colega Winston Vallenilla que invitó a apoyar a estos “hijos
de la patria”. El diputado Elvis Amoroso manifestó que este hecho le puede
suceder a cualquier y que por lo tanto se debe apoyar a la familia presidencial
en el hecho, y otros como Jacqueline Faría, Miguel Pérez Pirela y Fidel Madroñero
manifiestan que el hecho es solo basado en supuestos. Es decir, en ninguno de
los casos se escuchó una voz de repudio a la actividad de tráfico de drogas, ni
mucho menos al particular que un sobrino y un ahijado de la pareja presidencial
estuvieran traficando personalmente narcóticos.
La única conclusión posible y
razonable a este hecho es que debemos dar lo que esté a nuestro alcance para convertir
de nuevo la moral de nuestra sociedad, en una moral que repudie y sancione los
actos ilícitos vengan de donde vengan y apoye a los ciudadanos de bien, pues
hoy vivimos alegremente todo lo contrario, incentivado por un puñado de corruptos
que creen ejercer el poder. Cuando digo “creen ejercer”, es porque en cualquier
democracia el verdadero poder está en el ciudadano, y los venezolanos aún
tenemos la oportunidad de lograr con nuestra participación la recuperación de
la moral ciudadana, la independencia de los poderes y el progreso de una
Venezuela ajena a las actividades ilícitas que vemos hoy a diario.
El momento debió haber sido hace ya más
de una década, pero nunca es tarde, con la principal riqueza de Venezuela, su
gente, podemos rehabilitar la moral ciudadana de esta sobredosis de corrupción,
y ahora de narcotráfico en que han sumido a nuestra patria. El cambio está en
cada uno de nosotros.
